La presa Falcón es administrada conjuntamente por los gobiernos de México y Estados Unidos a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y la International Boundary and Water Commission (IBWC).
El 8 de abril de 2014 se encontraron peces muertos en el río Salado, afluente del río Bravo, que desemboca en la presa Falcón, en el municipio de Nuevo Guerrero, Tamaulipas. Según reportes no oficiales, su muerte se debe a alguna sustancia contaminante derramada por la empresa PEMEX, aunque no se ha confirmado. Esta es la segunda vez en 2014 que se detecta una posible contaminación de las aguas de la cuenca del río Bravo, después del derrame que hubo en el río San Juan (ver Newsletter 8).
Análisis de agua y conflicto CILA-IBWC
Ante tal evento, el 12 de abril la CILA junto con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) analizaron el agua del río para determinar cuál fue la causa. La CILA no informó de lo sucedido a su contraparte, la IBWC; por el contrario, la IBWC sólo tuvo conocimiento de ello por la prensa, lo que desató su inconformidad. La IBWC pidió explicaciones a la CILA, y ésta le entregó el reporte de análisis.
En opinión de la IBWC y la Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) los resultados obtenidos no eran concluyentes, por lo que el 29 de abril la TCEQ emitió una alerta de precaución. El 2 de mayo realizaron nuevos análisis del agua de la presa Falcón, cuyos resultados se presentaron el 8 de mayo: se hicieron pruebas para detectar 70 compuestos (pesticidas, productos petrolíferos, etc.), todos con resultados negativos o dentro de los niveles aptos para el consumo humano.
Debido a la alerta emitida la TCEQ, la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) de Tamaulipas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) procedieron a realizar nuevos estudios a las aguas del río y a emitir un aviso similar. Los resultados se esperan para el 12 de mayo.
Medidas de prevención
A raíz de la alerta emitida, las autoridades encargadas de suministrar agua a varios municipios del Bajo Bravo y ciudades del Rio Grande Valley reaccionaron. En Matamoros, la Junta de Aguas y Drenajes (JAD) descartó que la posible fuente de contaminación llegara a la ciudad, a la vez que se tomaron las medidas necesarias para monitorear la calidad del agua.
De igual manera, en Reynosa la Comisión Municipal de Agua Potable no recibió ningún reporte de contaminación por parte de la CILA, a la vez que aseguró que el agua suministrada a la población estaba libre de contaminantes.
Por otra parte, autoridades de McAllen y del condado de Hidalgo pidieron a los residentes, ante la preocupación generada, que mantuviera la calma, ya que según los reportes el agua se encontraba libre de cualquier peligro.
En Brownsville el Public Utilities Board (PUB) anunció que, en caso de que existiera una contaminación, se pondría en marcha el plan de emergencia previsto. Se garantizó el funcionamiento de las plantas de tratamiento y las reservas disponibles en los depósitos. Si fuera necesario la ciudad podría subsistir durante 5-7 días sin sacar agua del río.
Bajo Bravo - Rio Grande Valley 